Acerca del IRNAD

Los ecosistemas son sistemas adaptativos complejos cuyos atributos (por ej. flujo de energía y nutrientes) emergen de las interacciones entre sus componentes. Esta complejidad intrínseca suele determinar dinámicas ecológicas no lineales (Levin 1998), lo que puede dificultar la comprensión y la predicción del funcionamiento de los ecosistemas y, consecuentemente, su manejo y conservación. Sumado a esto, los ecosistemas productivos o agroecosistemas se entienden como vínculos que median entre dinámicas ecológicas y sociales, dando lugar a Sistemas Socio-Ecológicos (SSE). El enfoque conceptual de SSE profundiza la integración de los seres humanos en la naturaleza, y se basa en la concepción de que ambos conforman un sistema interrelacionado (Folke 2006; Jansen et al. 2007). Actualmente, a nivel mundial se plantean desafíos referidos al Desarrollo Rural sostenible y a la gestión de los Recursos Naturales, en los cuales se requiere la integración de ciencias sociales y ecológicas. Dicha integración necesita de una aproximación tanto conceptual como metodológica entre ambas disciplinas, un reconocimiento de la heterogeneidad espacio-temporal propia de los complejos SSE, y a su vez una metodología participativa (horizontal, con los actores del territorio). En este marco, la Agroecología se entiende como un enfoque científico transdisciplinario para el abordaje de SSE.

Las actividades agropecuarias se extienden desde hace aproximadamente 10.000 años, que desde su establecimiento han llevado a la constante ampliación del territorio dedicado a ellas. Esta fue la llave para el aumento de la producción hasta que ese paradigma, a partir de la revolución industrial, dio lugar al de la productividad centrándose en la intensificación del uso del suelo. A fines de la década de los 60, en el contexto de la posguerra entre India y Paquistán, y en importante medida por el trabajo de Norman Ernest Borlaug quien colaboró en la creación del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) en Méjico, es cuándo este paradigma alcanzó su apogeo impulsando el incremento de la producción global (tanto en intensidad como en extensión) por medio de los denominados “paquetes tecnológicos” basados en el uso de semilla mejorada y agroquímicos.

Ya en el siglo XXI, en las naciones industrializadas y también en áreas de la Argentina, se han transformado las pautas de uso de los espacios rurales, en lo que algunos autores identifican como etapa post productivista caracterizada por una economía de signos y espacios. En esta etapa aparecen en los espacios rurales otras problemáticas, relacionadas con la presencia de múltiples ruralidades, muchas veces en conflicto entre sí. Esto representa un desafío para la gestión de los recursos naturales y del desarrollo sostenible, donde entran en juego no sólo las características del espacio físico y de las relaciones sociales, sino también las representaciones sobre esos espacios que tienen sujetos sociales localizados o deslocalizados.

Actualmente, no se puede negar que la aplicación de las prácticas e innovaciones tecnológicas convencionales incrementan la producción agrícola. Sin embargo, para satisfacer las demandas de recursos de la sociedad en el marco de ese paradigma “productivista” se ha generado una creciente pérdida de biodiversidad a nivel mundial, como así también un proceso de reemplazo de los modelos de producción agropecuaria familiar o de pequeña escala por una mayor concentración en esquemas de gran escala y con un enfoque de gran empresa. Así se acelera la degradación de la cubierta vegetal, la erosión del suelo, la salinidad, la contaminación de los mantos freáticos, la resistencia de plagas y enfermedades, la eutrofización y el azolve de presas, las inundaciones, la eutrofización de lagos y la contaminación del aire. Estas son algunas de las múltiples consecuencias adversas de la agricultura convencional basada en el uso de agroquímicos y de gran cantidad de energía derivada del petróleo. Con la pérdida de biodiversidad se pueden ver afectados los procesos ecológicos responsables de mantener el flujo de materia y energía en los ecosistemas. En última instancia, los cambios en dichos procesos alteran la provisión de servicios ambientales de los cuales depende la sociedad. La necesidad de información sobre estas relaciones toma importancia cuando consideramos que muchas veces el incremento de servicios de provisión (por ej. producción de madera, alimentos) se alcanza a expensas del detrimento en servicios de regulación (por ej. control de la erosión, fertilidad del suelo).

En cuanto a los nuevos usos de los espacios rurales, se profundizan los avances de la urbanización de los mismos y el despliegue de diversas modalidades de turismo, fenómeno particularmente intenso en áreas cordilleranas patagónicas, relacionado con movimientos más amplios del capital. Las consecuencias de estos procesos sobre el ecosistema pero también sobre la vida rural representan profundos desafíos para la gestión territorial, ya que se amplían los fenómenos migratorios, el reemplazo de la población rural local por nuevos sujetos sociales portadores de lógicas diferentes, al tiempo que se generan nuevas demandas ambientales y se producen fenómenos de exclusión de antiguos pobladores rurales. En este escenario, se hace necesario abordar problemáticas más complejas que den cuenta de estas modificaciones sociales y sus efectos sobre las tramas productivas locales y regionales, y los sistemas de representaciones de los que inciden sobre las mismas.

Debido a los problemas expresados, considerados como globales, resultaba necesario reflexionar sobre ellos con el fin de encontrar las estrategias para detener sus profundas consecuencias. De esta manera, una de las primeras formulaciones provino del informe “Los límites del crecimiento”, elaborado por un equipo del Massachusetts Institute of Technology,  encargado por del Club de Roma en 1972. En ese mismo año también, se celebró en Estocolmo, la primera Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano. Ambos hechos, sin duda, marcan un punto clave respecto de los temas ambientales en relación a las estrategias de desarrollo. El informe cuestionó el modelo de crecimiento económico ilimitado y afirmaba que el agotamiento de los recursos naturales y la limitada capacidad de amortiguación del planeta, provocarían un colapso ambiental y ecológico de carácter globa. Para evitar ese colapso, este informe concluyó que el control de las tasas de natalidad y mortalidad, la detención del proceso de acumulación de capital y la reinversión en capital existente, podrían constituirse en atenuantes de la anunciada crisis. Esta propuesta generó una serie de duros cuestionamientos, especialmente desde la región latinoamericana, que señalaban que si se limitaba el crecimiento económico se atacaban las bases misma del progreso (Gudynas, 2004). Otro conjunto de críticas señaló el carácter neo-malthusiano de la propuesta de dicho informe, dado el peso que otorgaba a los controles de variables demográficas.

Frente a estas críticas, pero reconociendo fuertemente la problemática, surge lo presentado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo bajo el Informe Brundtland, o también conocido como Nuestro Futuro Común (1987): el desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esta definición se impuso como referencia obligada al momento de invocar la sostenibilidad del desarrollo y además supuso que los límites naturales impuestos al crecimiento económico no aparecían con un carácter absoluto y podían flexibilizarse a expensas de la organización social y la tecnología. La consolidación de la institucionalidad ambiental global se desarrolló de manera aún más prolífica durante la década del 1990. En Latinoamérica se crearon nuevos ministerios de ambiente, agencias gubernamentales, se incorporaron derechos ambientales y aumentó la cobertura de áreas protegidas. En consonancia con ello, en 1992 en Río de Janeiro, se celebró la conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo y Medio Ambiente. En esta ocasión se apeló nuevamente al compromiso con las generaciones futuras, lo que terminó por consolidar la noción de desarrollo sostenible del Informe Brundtland. Las conclusiones más destacadas de la cumbre señalaron que se debían reducir y/o eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas adecuadas. De igual manera, se insistió en consolidar un sistema económico favorable y abierto que impulsara el desarrollo sostenible a fin de abordar eficazmente las consecuencias de la degradación ambiental.

En las últimas décadas han surgido diferentes teorías y propuestas encaminadas a buscar una mejor armonía entre la agricultura y el ambiente al apuntar a beneficiar el aspecto económico, el ecológico y el social de la producción de alimentos. Sobresale la Agroecología como principal enfoque a nivel mundial, la cual muestra como unidad principal la optimización del agroecosistema. El término Agroecología es utilizado por primera vez en 1930 por Basil Bensin. Podemos entender a la agroecología como “Un abordaje agrícola que incorpora cuidados especiales relativos al ambiente, así como a los problemas sociales, enfocando no sólo la producción, sino también la sustentabilidad del sistema de producción” (S. Hecht en Altieri 1997). Ante los múltiples efectos de la agricultura convencional, la concepción de la agricultura ecológica promueve la producción agrícola conservando los recursos naturales (suelo, agua y biodiversidad) y respetando las comunidades rurales y los principios éticos y humanos. La agricultura ecológica puede ser altamente productiva y a su vez sostenible (en términos naturales, sociales y culturales), por lo que podría ser una alternativa para solventar el problema de alimentar y proveer materia prima a una creciente población humana. Otras actividades que se realizan en espacios rurales, como algunas modalidades de turismo, entre ellas el turismo activo y el turismo rural, que promueven una vinculación más directa de los visitantes con los recursos naturales y con las poblaciones locales, pueden obrar como factores que activen económicamente una región, y simultáneamente presentar nuevos desafíos para el desarrollo sostenible, como los que se observan en diversas regiones del mundo y de nuestro país.

En torno a estos desafíos, actualmente se desarrolla la Ciencia de la Agroecología, la cual se caracteriza por un abordaje que incluye conceptos y principios históricos, políticos, culturales, agronómicos, económicos y ecológicos para el diseño y manejo de agroecosistemas sostenibles, e implica la realización de prácticas agrícolas sustentadas en un profundo conocimiento técnico y científico de los procesos ecológicos, agronómicos y sociales que ocurren en la producción agropecuaria. En esta perspectiva, el diseño y manejo de agroecosistemas sostenibles no puede abandonar las prácticas convencionales y simplemente retornar a las prácticas tradicionales, sino que es necesario diseñar científicamente nuevas concepciones con tecnologías agropecuarias y de gestión territorial apropiadas.

Desde el inicio de las actividades de la UNRN se ha planteado la necesidad de ser ésta una promotora del desarrollo en todos sus ámbitos. La creación del Instituto en el marco de ese paradigma se plantea como oportunidad para responder a la demanda a diferentes escalas en relación a la problemática socio-ambiental del inapropiado uso de los recursos naturales, las dificultades para lograr acuerdos mínimos para la planificación del uso del suelo y la emergencia  de modelos de desarrollo contradictorios que promueven la exclusión de amplios sectores sociales y la pérdida del capital natural. Es así que se pretende trabajar en la investigación y desarrollo de prácticas de manejo sostenible de agroecosistemas, de modelos de intervención que se vinculen a las problemáticas del territorio y contribuir a la necesidad de inserción de la UNRN en el ámbito local e internacional.

Las actividades que se llevarán a cabo en el Instituto propiciarán el desarrollo de investigaciones científicas acerca de la estructura y el funcionamiento de los agroecosistemas, y el diseño de políticas de intervención a escala del territorio para el desarrollo rural en un estrecho diálogo con la sociedad. Además de la producción científica, se apunta a la formación de recursos humanos y a la docencia, al desarrollo y evaluación de tecnologías apropiadas que puedan ser adoptadas por la comunidad rural, que tiendan al uso sostenible de los sistemas ecológicos, así como a la transferencia y la difusión del conocimiento.

Palabras clave: Agroecología; Conservación de los ecosistemas; Desarrollo sostenible (mercados asociativos rurales, agricultura familiar, etc.); Impacto ambiental y social (plaguicidas, etc.); Intensificación ecológica; Recursos naturales (bioenergía, etc.); Servicios ambientales (biocontrol, polinización, etc.); Soberanía alimentaria

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